EL ESPAÑOL EN ESPAÑA

En las Comunidades Autónomas bilingües, los particulares tienen el derecho inalienable a usar el idioma que deseen y a recibir su enseñanza, en el ejercicio de su libertad, de sus preferencias o intereses. Es un derecho fundamental que ningún poder tiene autoridad suficiente para restringir. Sin embargo, las instituciones públicas de estas comunidades, que son de todos, tienen la obligación de utilizar las dos lenguas oficiales en el ámbito de sus competencias: rótulos de calles, carreteras y ferrocarriles, impresos, atención al público en sus dependencias, hospitales... y esencialmente en el sistema educativo. Esta regla elemental y cargada de sentido común, que ampara la Constitución, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 21.1) y la Declaración Universal de los derechos humanos, no es respetada en las Comunidades bilingües, principalmente en Cataluña, País Vasco y Galicia, fruto del empeño uniformista, excluyente y revanchista de los nacionalismos y de la aceptación incompresible del Gobierno central. La ley catalana va todavía más lejos, es la ley del embudo, que multa solamente a quienes rotulan en castellano, pero no a quienes rotulan solamente en catalán o en otros idiomas. No existe un caso semejante de discriminación en ninguna otra parte del mundo. Resulta inaudito que en tu propio país no se pueda usar ni aprender el idioma común. En Londres, París o Nueva York podemos observar en sus calles letreros comerciales en castellano; en Madrid los hay de todos los idiomas incluidos, por supuesto, el catalán, el eusquera y el gallego, sin que autoridad alguna interfiera sobre la voluntad de los ciudadanos. Hasta en Madrid se creará un colegio, cuyo idioma vehicular será el catalán, para todos aquellos padres que deseen educar a sus hijos en esta lengua, siempre que haya suficientes alumnos; decisión voluntaria de la Comunidad Autónoma, ya que ninguna ley le obliga. Sí es obligatoria la enseñanza en las dos lenguas oficiales en los territorios bilingües del Estado Español según la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que en su artículo 14.3 dice así: «Se respetarán, de acuerdo con las leyes nacionales que regulan su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas». Solamente la Comunidad valenciana, verdadero ejemplo de tolerancia y respeto, se libra de la vesania lingüística.
Ante este panorama, muchos ciudadanos callan y se pliegan a la ignominia cotidiana, y las instituciones del Estado desvían la mirada hacia otro sitio. Algunos optimistas, reconociendo lo intolerable de tales imposiciones, nos tranquilizan afirmando que el idioma castellano no podrá ser erradicado. Yo no lo tengo tan claro, a la vista de los desafueros que se están cometiendo.
El español ocupa el tercer lugar en el mundo por su número de hablantes. Y en alza creciente. Idioma oficial en veintidós países. En Estados Unidos lo utilizan 34 millones de personas. En Brasil es la segunda lengua. En Filipinas se va a declarar idioma oficial junto al inglés y al tagalo. Lo aprenden millones de estudiantes en todo el mundo de forma espontánea, sin olvidar la ingente labor del Instituto Cervantes. Sin embargo, en el territorio español, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, pero también en Galicia y Baleares, se procura su extinción. Ignoro si lo conseguirán, pero no será por falta de ganas de las autoridades educativas de las citadas Comunidades.—FIDEL VELA.