Cuando se pone en cuestión el llamado Proceso de Paz o diálogo con ETA que inició el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, inmediatamente sale alguien diciendo que también lo intentaron Suárez, Felipe González y Aznar, en un evidente empeño por colocar estos episodios en un mismo plano, como si fueran unívocos. Quienes se expresan así, deliberadamente o no, olvidan el contexto político y legal en que los hechos se produjeron, que son diametralmente distintos y opuestos. En primer lugar, Rodríguez Zapatero se enfrenta, del que fue autor, con un compromiso firmado solemnemente junto al Partido Popular, el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo, inexistente en los anteriores contactos, documento que renunciaba a la vía dialogada para lograr el fin del terrorismo a la vista de los numerosos intentos fallidos, y que mientras estuvo en vigor generó magníficos resultados En la primera legislatura de Aznar, se encontraba vigente el Pacto de Ajuria Enea, que sí instaba al Gobierno a dialogar con ETA siempre que se dieran las condiciones para ello. Desde la toma de posesión de Suárez como Presidente del Gobierno hasta diciembre de 2000 —unos veinticinco años—, en que se firma el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, el Estado ha venido ofreciendo a ETA, previa y permanentemente una solución negociada, fórmula que siempre ha fracasado. Es por lo que PSOE y PP deciden cambiar de política antiterrorista, firmando el ya citado Pacto, que Rodríguez Zapatero convierte en papel mojado al presentar y aprobar en el Congreso de los Diputados la Resolución de Mayo de 2005 que le autorizaba a dialogar con ETA, resucitando la vieja fórmula fracasada e inoperante, como se ha demostrado una vez más. Se volvía a tropezar en la misma piedra, con las circunstancias agravantes de romper la unidad de acción contra el terrorismo y provocar la división entre los dos grandes partidos, división que procuran y persiguen con ahínco tanto ETA como los nacionalistas, a quienes, por un elemental sentido de prudencia, puesto que todos ellos, moderados o violentos, coinciden en los objetivos finales, no parece muy oportuno otorgarles la prebenda de ser juez y parte. Además, se da la curiosa paradoja, de que en el programa electoral del PSOE de 2004, se afirma la vigencia del Pacto por la libertades y contra el trerrorismo y se añade rotundamente; «Nada ha dado ni dará mejores frutos para la erradicación definitiva del terrorismo que la combinación de la acción policial decidida y constante, la eficaz cooperación internacional, la movilización de los ciudadanos y la unidad de los demócratas». Visto lo que ha venido después, resulta lógica la decepción ciudadana, porque el programa no mencionaba en ningún momento la vía dialogada.
En segunda lugar, existe una Ley de Partidos, consensuada por PP y PSOE el 4 de junio de 2002 y avalada por el Tribunal Constitucional, texto legal de extraordinaria eficacia con el que no contaron los anteriores presidentes, que permite situar fuera de la ley a los partidos políticos que apoyen o justifiquen la violencia, a cuyo amparo fue posible la ilegalización de Herri Batasuna y el desmantelamiento de su tinglado económico y mediático. En la actual legislatura a punto estuvo de ser derogada, pero en cualquier caso se aplicó de manera muy laxa. Basten las frases del Fiscal General: «La Ley de Partidos es un Guantámano electoral» y la del propio Presidente del Gobierno: «Es una ley muy restrictiva».
En tercer lugar, durante los mandatos de Suárez, González y Aznar, Herri Batasuna era una formación política plenamente legal, mientras que en la última legislatura aparecía ilegalizada por el Tribunal Supremo e inscrita en la relación de organizaciones terroristas de la Unión Europea y Estados Unidos. A pesar de ello fue elevada a la categoría de interlocutor válido y privilegiado a lo largo del frustrado proceso negociador. No es lo mismo negociar políticamente con un partido proscrito, que en términos jurídicos no existe, que con otro plenamente legal, aunque su actuación nos desagrade.
Como podrá observarse por los tres ejemplos comentados y otros que podrían acumularse, las diferencias entre los diversos episodios de diálogo son más que evidentes.—FIDEL VELA.
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