viernes, 8 de febrero de 2008

DEL DICHO AL HECHO


Desde la instauración de la democracia, ningún gobierno ha mostrado una voluntad política tan intensa y decidida para dialogar con ETA que el presidido por Rodríguez Zapatero; ningún gobierno ha ofrecido tantas facilidades, tan generosas y arriesgadas contrapartidas, rozando a veces los límites de la Constitución, que el presidido por Rodríguez Zapatero. A sabiendas de hacer añicos la unidad de acción con el principal partido de la oposición, no le dolieron prendas para convertir en agua de borrajas el Pacto por las libertades y contra el terrorismo —un eficaz instrumento por el cual se arrebataba a ETA toda esperanza—, con el fin de allanar el camino hacia una posible negociación y de paso suscitar el aplauso de los nacionalistas e Izquierda Unida. Se aplicó sólo en parte la Ley de Partidos; hubo contactos con ETA tras el atentado de la T4, que en su momento se negaron; se hizo visible una clara laxitud de la Fiscalía y se elevó a interlocutor válido y privilegiado a un partido, Herri Batasuna, ilegalizado por el Tribunal Supremo e inscrito como organización terrorista en las listas de la Unión Europea y Estados Unidos. Se preparaba a la sociedad lanzando subliminales mensajes de una probable excarcelación de los presos mediante indultos escalonados. En esta dirección nacía la Ley de la Memoria Histórica —propuesta inicial de IU y al final corregida acertadamente por el PSOE—, para difuminar los crímenes del terrorismo vasco lanzando un sutil mensaje. «Si los crímenes del franquismo, siendo más numerosos, habían quedado impunes en la Transición, los cometidos por ETA deberían merecer la misma impunidad». Se internacionalizó el mal llamado conflicto vasco... Incluso, según tienen publicado los periódicos Deia y Diario de Noticias, confirmado luego por el PNV, se admitió la necesidad de modificar la Constitución para posibilitar el derecho a decidir del pueblo vasco y su posterior escisión, junto a la creación de un órgano común con Navarra. En la práctica, con otros nombres, la secular reivindicación de ETA y los nacionalistas. Acuerdo que no llegó a materializarse por las exigencias de ETA, que se negó en redondo a que fuera tratado en las Cortes Generales españolas. (Resulta pertinente advertir que estas informaciones vienen de parte, no habiendo sido confirmadas oficialmente por el otro interlocutor).
Pues bien, pese a este singular esfuerzo de generosidad sin precedentes, ni por esas, ETA sigue en sus trece, lo que viene a demostrar, por enésima vez, que el diálogo es imposible, como ya advertían las personas que de esto saben un poco. Se hace, por tanto, imperiosamente necesario derogar la Resolución de Mayo de 2005, porque mantenerla en vigor, puede interpretarse como un guiño de complicidad, como dejar la puerta entreabierta a posibles expectativas de negociación, que no haría creíble el cambio de política antiterrorista emprendida por el Gobierno tras la ruptura de la tregua, y volver al Pacto por las libertades y contra el terrorismo o algo similar. Es hora de hacerle saber al mundo de la violencia que debe perder toda esperanza, que gobierne quien gobierne, no se cambiará un ápice la política antiterrorista Ya no valen las palabras, se imponen los hechos. En el mismo sentido, si realmente no se desea la anexión de Navarra al País Vasco, como se declara enfáticamente, suprímase la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que votos no le han de faltar al Gobierno. Resulta chocante que una disposición transitoria se mantenga vigente durante treinta años. El Diccionario de la Real Academia define a la palabra «transitorio, ria» como pasajero, temporal, caduco, perecedero, fugaz.
También es acuciante que el Estado recupere las competencias en Educación, materia de trascendental importancia, entregada en su totalidad a las comunidades autónomas, y que muchas de ellas utilizan impunemente para fomentar la malquerencia entre españoles actitud que, aun sin pretenderlo expresamente, contribuye a la perpetuación de la violencia.
Empero, para llevar a feliz término las medidas antedichas, no cabe otra solución que el estrecho entendimiento de los dos grandes partidos de implantación nacional, como en otras materias fundamentales —configuración territorial del Estado, inmigración...— para detener la contaminación y el chantaje nacionalistas. Esperemos que algún día se imponga la cordura..
De todos modos, y en el mejor de los casos, estas medidas imprescindibles, como muchas otras, por desgracia abandonadas, no bastarán a corto plazo. Será necesario el transcurrir de varias legislaturas para restablecer la filosofía de firmeza que establecía el Pacto porque, quebrada la reputación, no resultará fácil volver a recuperarla.—FIDEL VELA.

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