Durante toda la legislatura, el Partido socialista y su Gobierno, han señalado al PP como el único y exclusivo culpable de la supuesta crispación política que se ha vivido. Parece ser que el resto de partidos —ERC, IU, PSC, CIU y el propio PSOE— se hubieran mantenido calladitos todo el tiempo. Admitiendo su parte alícuota de responsabilidad al Partido Popular en esta cuestión, yo creo que los hechos son infinitamente más crispantes que las palabras, por muy gruesas y desafortunadas que nos parezcan. Como se sabe, las palabras se las lleva el viento y, para colmo, son las únicas herramientas de que dispone la oposición. Sin embargo, las decisiones, las leyes y disposiciones de un Gobierno constituyen hechos de obligado cumplimiento; surten efectos reales y tangibles sobre las personas, sus haciendas y sus comportamientos. Es decir, son algo más que palabras. Los gobiernos disponen de un implacable instrumento, el Boletín Oficial del Estado, que ordena y ejecuta.
Así, pues, en este y otros artículos, analizaremos, por orden más o menos cronológico, los actos de gobierno que han contribuido decisivamente a la llamada crispación.
La primera decisión del Presidente, apenas tomar posesión de su cargo y sin constituirse el gobierno, fue ordenar la retirada inmediata de las tropas españolas, unos novecientos soldados, acantonadas en Irak, que no intervinieron en la invasión de este país ni en acciones de guerra, ya que su misión consistía en mantener el orden y ayudar a la población. Fue una decisión coherente con el programa electoral y la legalidad internacional, que la mayoría de ciudadanos avalaron en las urnas. Sin lugar a dudas, merece un saldo de signo positivo. Pero en esta cuenta también aparecen algunas partidas al debe. Según una práctica comúnmente aceptada, el Gobierno entrante ha de respetar en lo posible los compromisos adquiridos del Gobierno saliente con terceros países, a fin de preservar la credibilidad, el respeto y la confianza internacionales, máxime si estos países son aliados y pertenecen al mismo entorno geopolítico y militar. La estancia de las tropas estaba comprometida hasta el 30 de junio y fueron retiradas el 14 de abril, a mi juicio, precipitadamente, lo que originó graves fricciones con otros países y en la propia España, evitables si se hubieran cumplido los plazos convenidos. No hay que olvidar que la guerra ilegal de Irak, es decir, sin autorización de la ONU, fue apoyada, hay que reconocerlo con pesar, por naciones democráticamente desarrolladas: ocho países de la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, doce países del Este europeo, uno árabe, Kuwait y por supuesto, Estados Unidos. Más de veinticinco países, algunos de los cuales enviaron tropas en número muy superior al de España: Reino Unido, 8.000 efectivos; Polonia, 4.000; Italia, 4.000, inducidos, sin duda, por las falsas informaciones suministradas por la Administración Bush. Ni aun así. En terceros países, salvo legítima defensa, no se puede intervenir sin una clara autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Pero estos episodios de intervención militar en terceros países sin autorización de la ONU, tienen precedentes, alguno de ellos no tan lejano en el tiempo, como por ejemplo, la guerra contra Serbia en el año 1999, declarada por la OTAN, a cuyo mando estaba el socialista Javier Solana. Todos los partidos socialistas, incluido el PSOE, en el poder o en la oposición, apoyaron con entusiasmo aquella intervención militar ilegal, consistente en atroces bombardeos masivos, durante setenta y dos días ininterrumpidos, que causaron miles de muertos civiles y la destrucción total de las infraestructuras, todo ello para defender a una pandilla de terroristas kosovares que habían asesinado a cientos de personas pertenecientes a la minoría serbia.
El segundo acto conflictivo del Gobierno, que exasperó a medio país, fue la anulación del trasvase del Ebro, en cuyo proyecto se habían invertido cantidades muy considerables. Esta obra no perjudicaba a nadie, ya que los caudales se tomaban en la desembocadura del río y en un porcentaje mínimo, creo que una doceava parte, en tanto que sus beneficios eran públicos y notorios para zonas tradicionalmente deficitarias como Murcia, Valencia, Andalucía Oriental e incluso Barcelona. Por cierto, esta ciudad, de persistir la sequía, se verá obligada a trasportar agua en barcos desde la desalinizadora de Almería, cuando pudo disponer, si hubiera prosperado el trasvase, de abundante agua potable, de mejor calidad, procedente del Ebro, que ahora se vierte en el mar sin provecho para nadie. La idea del Plan Hidrológico Nacional no es del PP, sino el viejo proyecto de Joaquín Costa, hace más de un siglo, que viene arrastrándose hasta nuestros días, cuyo máximo valedor fue el genial escritor e ingeniero Juan Benet, ya fallecido. En 1985 defendió en el Senado «la necesidad de promulgar una ley que lleve al ciudadano español a la convicción de que el ordenamiento hidráulico ha de ser una empresa absolutamente colectiva, olvidando de una vez y para siempre cualquier particularismo —sea a la escala que sea—, obligando a quien lo disfrute, todo obsoleto derecho que haga de él un ciudadano hidráulicamente privilegiado». Una vez más el Gobierno cedió ante el chantaje de los nacionalistas catalanes.
Como alternativa al trasvase, y por razones medioambientales y de coste, se propuso la construcción de numerosas desalinizadoras a lo largo de la costa levantina y de Andalucía Oriental, alternativa, para más señas, incumplida en buena parte al día de hoy. Indudablemente, el trasvase produciría daños en el medio ambiente, como lo producen los ferrocarriles y las autovías, pero las desalinizadoras los causan en mayor medida. Primero, la ingente cantidad de energía eléctrica que precisan para su funcionamiento y, segundo, las toneladas de residuos que necesariamente habrán de depositarse en el mar, con la consiguiente destrucción de la flora y la fauna marinas. Hasta el punto que, si las desalinizadoras proliferan en toda la ribera del Mediterráneo, mar ya de por sí muy deteriorado, sus aguas podrían adquirir con el paso del tiempo la densidad del Mar Muerto. Por otra parte, el producto final resulta tan caro, que es inviable para los agricultores.
La derogación del trasvase del Ebro se decidió por intereses políticos y compra de escaños, despreciando el interés general del país. Merece, sin lugar a dudas, un saldo de claro signo negativo.—FIDEL VELA.
Así, pues, en este y otros artículos, analizaremos, por orden más o menos cronológico, los actos de gobierno que han contribuido decisivamente a la llamada crispación.
La primera decisión del Presidente, apenas tomar posesión de su cargo y sin constituirse el gobierno, fue ordenar la retirada inmediata de las tropas españolas, unos novecientos soldados, acantonadas en Irak, que no intervinieron en la invasión de este país ni en acciones de guerra, ya que su misión consistía en mantener el orden y ayudar a la población. Fue una decisión coherente con el programa electoral y la legalidad internacional, que la mayoría de ciudadanos avalaron en las urnas. Sin lugar a dudas, merece un saldo de signo positivo. Pero en esta cuenta también aparecen algunas partidas al debe. Según una práctica comúnmente aceptada, el Gobierno entrante ha de respetar en lo posible los compromisos adquiridos del Gobierno saliente con terceros países, a fin de preservar la credibilidad, el respeto y la confianza internacionales, máxime si estos países son aliados y pertenecen al mismo entorno geopolítico y militar. La estancia de las tropas estaba comprometida hasta el 30 de junio y fueron retiradas el 14 de abril, a mi juicio, precipitadamente, lo que originó graves fricciones con otros países y en la propia España, evitables si se hubieran cumplido los plazos convenidos. No hay que olvidar que la guerra ilegal de Irak, es decir, sin autorización de la ONU, fue apoyada, hay que reconocerlo con pesar, por naciones democráticamente desarrolladas: ocho países de la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, doce países del Este europeo, uno árabe, Kuwait y por supuesto, Estados Unidos. Más de veinticinco países, algunos de los cuales enviaron tropas en número muy superior al de España: Reino Unido, 8.000 efectivos; Polonia, 4.000; Italia, 4.000, inducidos, sin duda, por las falsas informaciones suministradas por la Administración Bush. Ni aun así. En terceros países, salvo legítima defensa, no se puede intervenir sin una clara autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Pero estos episodios de intervención militar en terceros países sin autorización de la ONU, tienen precedentes, alguno de ellos no tan lejano en el tiempo, como por ejemplo, la guerra contra Serbia en el año 1999, declarada por la OTAN, a cuyo mando estaba el socialista Javier Solana. Todos los partidos socialistas, incluido el PSOE, en el poder o en la oposición, apoyaron con entusiasmo aquella intervención militar ilegal, consistente en atroces bombardeos masivos, durante setenta y dos días ininterrumpidos, que causaron miles de muertos civiles y la destrucción total de las infraestructuras, todo ello para defender a una pandilla de terroristas kosovares que habían asesinado a cientos de personas pertenecientes a la minoría serbia.
El segundo acto conflictivo del Gobierno, que exasperó a medio país, fue la anulación del trasvase del Ebro, en cuyo proyecto se habían invertido cantidades muy considerables. Esta obra no perjudicaba a nadie, ya que los caudales se tomaban en la desembocadura del río y en un porcentaje mínimo, creo que una doceava parte, en tanto que sus beneficios eran públicos y notorios para zonas tradicionalmente deficitarias como Murcia, Valencia, Andalucía Oriental e incluso Barcelona. Por cierto, esta ciudad, de persistir la sequía, se verá obligada a trasportar agua en barcos desde la desalinizadora de Almería, cuando pudo disponer, si hubiera prosperado el trasvase, de abundante agua potable, de mejor calidad, procedente del Ebro, que ahora se vierte en el mar sin provecho para nadie. La idea del Plan Hidrológico Nacional no es del PP, sino el viejo proyecto de Joaquín Costa, hace más de un siglo, que viene arrastrándose hasta nuestros días, cuyo máximo valedor fue el genial escritor e ingeniero Juan Benet, ya fallecido. En 1985 defendió en el Senado «la necesidad de promulgar una ley que lleve al ciudadano español a la convicción de que el ordenamiento hidráulico ha de ser una empresa absolutamente colectiva, olvidando de una vez y para siempre cualquier particularismo —sea a la escala que sea—, obligando a quien lo disfrute, todo obsoleto derecho que haga de él un ciudadano hidráulicamente privilegiado». Una vez más el Gobierno cedió ante el chantaje de los nacionalistas catalanes.
Como alternativa al trasvase, y por razones medioambientales y de coste, se propuso la construcción de numerosas desalinizadoras a lo largo de la costa levantina y de Andalucía Oriental, alternativa, para más señas, incumplida en buena parte al día de hoy. Indudablemente, el trasvase produciría daños en el medio ambiente, como lo producen los ferrocarriles y las autovías, pero las desalinizadoras los causan en mayor medida. Primero, la ingente cantidad de energía eléctrica que precisan para su funcionamiento y, segundo, las toneladas de residuos que necesariamente habrán de depositarse en el mar, con la consiguiente destrucción de la flora y la fauna marinas. Hasta el punto que, si las desalinizadoras proliferan en toda la ribera del Mediterráneo, mar ya de por sí muy deteriorado, sus aguas podrían adquirir con el paso del tiempo la densidad del Mar Muerto. Por otra parte, el producto final resulta tan caro, que es inviable para los agricultores.
La derogación del trasvase del Ebro se decidió por intereses políticos y compra de escaños, despreciando el interés general del país. Merece, sin lugar a dudas, un saldo de claro signo negativo.—FIDEL VELA.
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