PARTIDOS: EL MAL MENOR

En las elecciones de 1982, ante un seguro triunfo del PSOE, algunos alarmistas nos decían que si ganaban los socialistas, nos iban a quitar las cortinas (sic). En las elecciones de 1996, los socialistas nos asustaban anunciando que si ganaba el PP nos iban a quitar las pensiones y la sanidad. Pero no fue así. Seguimos teniendo cortinas, pensiones y sanidad. En una democracia consolidada, ya se cuidarán muy mucho los partidos de recortar derechos a los ciudadanos, por la cuenta que les tiene. En 1996/2004 el PP respetó la ley del divorcio y del aborto aprobadas por UCD y PSOE, respectivamente. El PSOE , en la última legislatura, ha respetado la abolición del servicio militar obligatorio, aprobada por el PP. Cada gobierno que llega mejora lo anterior. No he visto que se haya retrocedido nunca. En Europa, donde nos llevan un siglo de ventaja democrática, se suceden y alternan derechas e izquierdas con toda naturalidad, sin que ello suponga ninguna tragedia. Al contrario. Gracias a ello Europa ha conseguido el mayor espacio de libertad, igualdad y bienestar que se conoce en el mundo, donde son respetados los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Los partidos nos quieren llevar al huerto, a su huerto particular, pero los ciudadanos no debemos entrar en su dinámica de tensión y griterío. Debemos darles una lección de civismo, manteniendo la calma y el sosiego. ¿Imaginamos una sociedad que extrapolara en su seno el enfrentamiento cainita de los partidos? Andaríamos a tortas en la calle, en los bares, dentro de la familia... Lo mejor para nuestra salud es no hacerles caso. Y llegado el momento votar o abstenerse, que es igualmente democrático.

COPLAS IMPERFECTAS DEL

COPLAS IMPERFECTAS DEL TALANTE Y
ESPAÑA DIVERSA

Están esperando al PSOE
que gobierne en el país
para presentar sus planes
en el congreso de Madrid.

Todos vienen en tropel
a ver quien llega primero
para ponerse las botas
en casa del zapatero

Con el Plan Ibarreche
llegan bajo el brazo:
Estado libre apoyado
por el camaleón de Madrazo

Les siguen Pascual y Carod
con su Estatuto integral,
nación y financiación
y el hecho diferencial.

No queriendo ser menos,
atraca en la capital
Andalucía, perdón,
la Realidad Nacional

Los amigos y los socios
de Rodríguez Zapatero,
le están sacando la pringue
y lo tienen prisionero

Con esta tropa de trepas,
de taifas y de fulleros
pretende acabar con ETA
el Presidente Zapatero.

BALANCE DE SALDOS (2)

Como decíamos en el anterior trabajo (1), son los actos y leyes del Gobierno quienes generan la crispación, cuando no se gobierna para todos, sino segadamente. Rodríguez Zapatero entró en el Gobierno como un elefante en una cacharrería, rompiendo en todos los frentes. Como todos los Mesías e iluminados que en el mundo han sido, no vino a traer la paz, sino la discordia entre regiones y entre españoles: hijos contra padres, hermanos contra hermanos. Y lo que es más grave, estimuló y adoptó las ideologías nacionalistas, convirtiendo al PSOE en un partido híbrido e irreconocible. Aquí vamos a continuar enumerando sucintamente los episodios más notables que han contribuido a encrespar los ánimos de los españoles por su manifiesta arbitrariedad.
1. La OPA de Gas Natural sobre Endesa no se trataba de una operación mercantil más, sino que aparecía claramente auspiciada por el Ministerio de Industria y la Generalitat. Recuérdense las declaraciones de Rubalcaba: «La OPA es medio Estatuto» o las de Maragall, a la sazón Presidente del Gobierno catalán: «Ya es hora de que Endesa vuelva a casa», «El Estatuto y la OPA saldrán adelante». El objetivo era radicar en Cataluña otra empresa de las grandes junto a Repsol y Gas natural, todo ello a precio de saldo, pagando con muchas estampidas y poquito dinero en efectivo. Esta operación dio lugar a otra no menos rocambolesca, con intervención directa del Gobierno y el consiguiente rapapolvo de Bruselas, que ha motivado, junto a otros sucesos, un hecho en verdad preocupante para la inversión extranjera en nuestro país: la inseguridad jurídica. Según el informe AT Keerney, en el año 2002 España ocupaba el puesto número 7 del mundo como anfitrión preferido para invertir. En el 2006 hemos descendido bruscamente al puesto 47.
2. El traspaso de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones desde Madrid a Barcelona, sin ningún motivo ni justificación por parte del ministro señor Montilla. Ciento cuarenta y siete puestos de trabajo perdidos en Madrid y regalados a Barcelona
3. El expolio sufrido por el Archivo General de la Guerra Civil, que por ser general, es de todos los españoles, no de una comunidad autónoma en concreto. Lo peor que le puede ocurrir a un archivo es su dispersión.
4. La decadencia del idioma español en las instituciones europeas, al empeñarse el Gobierno en introducir como oficiales el catalán, el gallego y el eusquera, convirtiendo al castellano en una lengua de tercera, con un coste de doscientos cincuenta millones de las antigua pesetas para traductores.
5. La entrega gratuita del Castillo de Montjuic al ayuntamiento de Barcelona, mientras que en Madrid, los terrenos de la cárcel de Carabanchel, se venden a la Comunidad a precio de mercado.
6. Trasvase del Segre, afluente del Ebro, a Lérida, un caudal semejante al negado a Valencia y Murcia.
7. Entrega a fondo perdido de los trenes de cercanías de Barcelona a la Generalitat.
8 Más que probable cesión del aeropuerto del Prat.
9. Introducción de las lenguas minoritarias en el Senado —gallego, catalán y eusquera—, decisión que movería a la risa si no fuera porque el invento supone un gasto astronómico para pagar la nómina de los traductores. En verdad, resulta esperpéntico, que en un foro donde todos sus componentes hablan y entienden perfectamente la lengua común, sea necesaria la traducción simultánea. Además, perdiendo calidad idiomática: traductore, traidore.
10. Cese fulminante de fiscales no adictos.
11. Aprobación de la enésima ley de Educación, que se transfiere en su totalidad a las comunidades autónomas, despojando al Estado de toda capacidad de intervención, ya que renuncia al 55% como mínimo en el contenido de los textos, contemplado en la ley anterior, circunstancia que aprovechan los nacionalistas y socialistas convertidos para fomentar la malquerencia entre españoles. Por ejemplo, Educación para la Ciudadanía, la ley estrella del Gobierno, cuyo contenido no se entra a valorar, se ha convertido en una ley a la carta, que las comunidades Autónomas redactan a su antojo; diecisiete textos diferentes y contradictorios. Preguntada la ministra por esta desconcertante anomalía, contesta que nada puede hacer porque la Educación ha sido transferida a las Comunidades Autónomas. Peripatético. Mientras sucede todo esto, España encabeza la lista del fracaso escolar en la Unión Europea.
12. Se indemnizó al sindicato UGT con una cantidad multimillonaria para resarcirle de las incautaciones de sus bienes en la Dictadura, —esta reparación ya había sido zanjada en tiempos de Felipe González—, lo que motivó la justa indignación de los otros sindicatos que se sentían claramente discriminados.
13. Tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas, el PSOE se negó a pactar con el PP en Álava, lo que ha permitido al PNV, tercera fuerza política, hacerse con el gobierno de la Diputación. Otro regalo a los nacionalistas, que les posibilita la aprobación en el País Vasco del secesionista Plan Ibarreche.
14. Con los votos del PSE se aprobó el último presupuesto de la Comunidad Autónoma vasca que, entre otras partidas harto discutibles, se contemplan importantes ayudas económicas a los familiares de los presos de ETA.
15. Se derogó la ley que penalizaba la celebración de referendos por parte de las CCAA.
16. La Ley de Memoria histórica, de altisonante y pomposo nombre, no era necesaria tal como se concibió. Bastaba una ley sin tantas alharacas, que viniera a reparar los casos no contemplados en las más de veinte leyes y disposiciones al respecto dictadas durante el mandato de Felipe González. Muchos sospechamos que su finalidad no era exactamente la que se anunciaba. Ahora sabemos que conviene provocar la tensión en la ciudadanía y dramatizar los acontecimientos para alcanzar los objetivos partidistas. A esto se le llama maquiavelismo.
17. En la pasada legislatura se tomó una decisión que atenta gravemente a los intereses de los trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores de 1980 dispone que en caso de despido improcedente se indemnizará al trabajador el equivalente a 45 días por año trabajado. El Gobierno lo ha rebajado a 32 días. Sin embargo, el porcentaje del IRPF que pagan las grandes fortunas ha pasado del 45 al 42%
18. La retención que se aplica a las plusvalías —intereses de libretas e imposiciones a plazo, fondos de inversión, planes de pensiones—, se ha incrementado tres puntos porcentuales, del 15 al 18%, medida que perjudica con mayor intensidad a los pequeños ahorradores.
19. Se aprobó una ley que permite conducir una motocicleta de 125cc a los conductores de turismos, sin necesidad de realizar pruebas de habilidad ni examen práctico alguno. No es mi intención achacar a esta ley el brutal incremento de los accidentes de moto, pero algún efecto habrá tenido.
20. Se censuró y prohibió en la primera de TV un programa que dirigía el presentador señor Quintero. Que un episodio semejante a este se haya producido con otros gobiernos, no por ello le resta gravedad.
21. La ley de parejas homosexuales, que recoge las justas aspiraciones de un amplio colectivo, generó agrias polémicas que podrían haberse soslayado simplemente cambiando el nombre. Ganas de molestar. En Francia, donde este colectivo tiene reconocidos todos los derechos y obligaciones asimilados al matrimonio como en España, a dichos emparejamientos se les denomina unión civil.
22. En el plano internacional se han cometido errores de bulto, como el abandono por parte de España del pueblo Saharaui, lo que ha supuesto el enfriamiento de relaciones con Argelia, nuestro más importante suministrador de gas, sin mejorarlas con Marruecos. Hemos flirteado con personajes de dudoso prestigio, como Hugo Chávez, Evo Morales o el presidente de Turquía, descuidando otras relaciones más acordes con nuestro entorno geopolítico.
23. Hemos asistido a sonadas protestas de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, exigiendo la equiparación de sueldos con las policías autonómicas, que cobran un 30% más.
24. Para evitar la reprobación de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, se compraron los escaños de los nacionalistas gallegos por el módico precio de 51 millones de euros y los del PNV, autorizando la creación de un Banco Nacional Vasco, disparate nunca concedido por los anteriores gobiernos.
25. Finalmente, la lucha antiterrorista y el Estatuto de Cataluña, constituyeron las dos más fuertes confrontaciones de la legislatura. El mal llamado Proceso de paz, de altisonante y pretencioso nombre, provocó la ruptura de la unidad de acción de los dos grandes partidos, se volvió a tropezar en la misma piedra para regresar al punto de partida, tras un estrepitoso fracaso más que previsible. Sus nocivos efectos todavía colean El Estatuto de Cataluña, verdadero monumento a la codicia y la arbitrariedad, significa el más grande ataque al Estado de derecho y a la nación española desde la instauración de la democracia. Sienta las bases a un devenir histórico plagado de incertidumbres para el futuro del país. De estos dos últimos temas, el autor ha publicado numerosos trabajos en Diario de Alcalá y en el presente blog.
Estos episodios, por su más que dudosa oportunidad, suscitaron y suscitan duras polémicas y agrios debates que han dividido a los españoles entre buenos y malos. Se oyen con demasiada frecuencia palabras extremas que ya creíamos desterradas del lenguaje político, como extrema derecha, ultraizquierdista, rojo, fascista... Merecen, por tanto, la calificación de absolutamente negativos.—FIDEL VELA.

BALANCE DE SALDOS (1)

Durante toda la legislatura, el Partido socialista y su Gobierno, han señalado al PP como el único y exclusivo culpable de la supuesta crispación política que se ha vivido. Parece ser que el resto de partidos —ERC, IU, PSC, CIU y el propio PSOE— se hubieran mantenido calladitos todo el tiempo. Admitiendo su parte alícuota de responsabilidad al Partido Popular en esta cuestión, yo creo que los hechos son infinitamente más crispantes que las palabras, por muy gruesas y desafortunadas que nos parezcan. Como se sabe, las palabras se las lleva el viento y, para colmo, son las únicas herramientas de que dispone la oposición. Sin embargo, las decisiones, las leyes y disposiciones de un Gobierno constituyen hechos de obligado cumplimiento; surten efectos reales y tangibles sobre las personas, sus haciendas y sus comportamientos. Es decir, son algo más que palabras. Los gobiernos disponen de un implacable instrumento, el Boletín Oficial del Estado, que ordena y ejecuta.
Así, pues, en este y otros artículos, analizaremos, por orden más o menos cronológico, los actos de gobierno que han contribuido decisivamente a la llamada crispación.
La primera decisión del Presidente, apenas tomar posesión de su cargo y sin constituirse el gobierno, fue ordenar la retirada inmediata de las tropas españolas, unos novecientos soldados, acantonadas en Irak, que no intervinieron en la invasión de este país ni en acciones de guerra, ya que su misión consistía en mantener el orden y ayudar a la población. Fue una decisión coherente con el programa electoral y la legalidad internacional, que la mayoría de ciudadanos avalaron en las urnas. Sin lugar a dudas, merece un saldo de signo positivo. Pero en esta cuenta también aparecen algunas partidas al debe. Según una práctica comúnmente aceptada, el Gobierno entrante ha de respetar en lo posible los compromisos adquiridos del Gobierno saliente con terceros países, a fin de preservar la credibilidad, el respeto y la confianza internacionales, máxime si estos países son aliados y pertenecen al mismo entorno geopolítico y militar. La estancia de las tropas estaba comprometida hasta el 30 de junio y fueron retiradas el 14 de abril, a mi juicio, precipitadamente, lo que originó graves fricciones con otros países y en la propia España, evitables si se hubieran cumplido los plazos convenidos. No hay que olvidar que la guerra ilegal de Irak, es decir, sin autorización de la ONU, fue apoyada, hay que reconocerlo con pesar, por naciones democráticamente desarrolladas: ocho países de la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, doce países del Este europeo, uno árabe, Kuwait y por supuesto, Estados Unidos. Más de veinticinco países, algunos de los cuales enviaron tropas en número muy superior al de España: Reino Unido, 8.000 efectivos; Polonia, 4.000; Italia, 4.000, inducidos, sin duda, por las falsas informaciones suministradas por la Administración Bush. Ni aun así. En terceros países, salvo legítima defensa, no se puede intervenir sin una clara autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Pero estos episodios de intervención militar en terceros países sin autorización de la ONU, tienen precedentes, alguno de ellos no tan lejano en el tiempo, como por ejemplo, la guerra contra Serbia en el año 1999, declarada por la OTAN, a cuyo mando estaba el socialista Javier Solana. Todos los partidos socialistas, incluido el PSOE, en el poder o en la oposición, apoyaron con entusiasmo aquella intervención militar ilegal, consistente en atroces bombardeos masivos, durante setenta y dos días ininterrumpidos, que causaron miles de muertos civiles y la destrucción total de las infraestructuras, todo ello para defender a una pandilla de terroristas kosovares que habían asesinado a cientos de personas pertenecientes a la minoría serbia.
El segundo acto conflictivo del Gobierno, que exasperó a medio país, fue la anulación del trasvase del Ebro, en cuyo proyecto se habían invertido cantidades muy considerables. Esta obra no perjudicaba a nadie, ya que los caudales se tomaban en la desembocadura del río y en un porcentaje mínimo, creo que una doceava parte, en tanto que sus beneficios eran públicos y notorios para zonas tradicionalmente deficitarias como Murcia, Valencia, Andalucía Oriental e incluso Barcelona. Por cierto, esta ciudad, de persistir la sequía, se verá obligada a trasportar agua en barcos desde la desalinizadora de Almería, cuando pudo disponer, si hubiera prosperado el trasvase, de abundante agua potable, de mejor calidad, procedente del Ebro, que ahora se vierte en el mar sin provecho para nadie. La idea del Plan Hidrológico Nacional no es del PP, sino el viejo proyecto de Joaquín Costa, hace más de un siglo, que viene arrastrándose hasta nuestros días, cuyo máximo valedor fue el genial escritor e ingeniero Juan Benet, ya fallecido. En 1985 defendió en el Senado «la necesidad de promulgar una ley que lleve al ciudadano español a la convicción de que el ordenamiento hidráulico ha de ser una empresa absolutamente colectiva, olvidando de una vez y para siempre cualquier particularismo —sea a la escala que sea—, obligando a quien lo disfrute, todo obsoleto derecho que haga de él un ciudadano hidráulicamente privilegiado». Una vez más el Gobierno cedió ante el chantaje de los nacionalistas catalanes.
Como alternativa al trasvase, y por razones medioambientales y de coste, se propuso la construcción de numerosas desalinizadoras a lo largo de la costa levantina y de Andalucía Oriental, alternativa, para más señas, incumplida en buena parte al día de hoy. Indudablemente, el trasvase produciría daños en el medio ambiente, como lo producen los ferrocarriles y las autovías, pero las desalinizadoras los causan en mayor medida. Primero, la ingente cantidad de energía eléctrica que precisan para su funcionamiento y, segundo, las toneladas de residuos que necesariamente habrán de depositarse en el mar, con la consiguiente destrucción de la flora y la fauna marinas. Hasta el punto que, si las desalinizadoras proliferan en toda la ribera del Mediterráneo, mar ya de por sí muy deteriorado, sus aguas podrían adquirir con el paso del tiempo la densidad del Mar Muerto. Por otra parte, el producto final resulta tan caro, que es inviable para los agricultores.
La derogación del trasvase del Ebro se decidió por intereses políticos y compra de escaños, despreciando el interés general del país. Merece, sin lugar a dudas, un saldo de claro signo negativo.—FIDEL VELA.

INMIGRACIÓN

Hace unos diez o doce años, quienes propugnaban que las fronteras quedaran abiertas de par en par a la inmigración, en la actualidad han hecho mutis por el foro, se les oye menos. Nos decían que Francia soportaba un cuatro por ciento de inmigrantes y no pasaba nada, pero ha pasado algo o bastante. «¡Hasta que en España lleguemos a esta cifra!». Pues bien, ya hemos llegado y la hemos sobrepasado con creces..
Lo ideal sería que en este país como en cualquier otro no entraran más inmigrantes que aquellos a quienes podamos ofrecer una vida digna. A mi entender, ésta debería ser la filosofía que inspire las leyes y el sentir de la sociedad. Porque admitir personas a quienes no se les puede procurar un simple puesto de trabajo o una modesta vivienda, es igual que importar indigentes condenados a pedir limosna en los pasillos del metro o en las puertas de las iglesias, en el mejor de los casos. Así no se combate el hambre y la miseria en el tercer mundo. Será necesario arbitrar otras medidas.
En este tema tan delicado sobra visceralidad y faltan argumentos serenos y razonados. No debe alarmarnos porque se proponga una regulación seria y justa, tanto para quienes llegan de fuera como también para quienes residimos aquí, no vaya a ser que por vestir a un santo desnudemos a otro. Un gobernante que se precie debe tener como objetivo prioritario procurar el bienestar de los ciudadanos que viven en el territorio sobre el que ejerce su mandato. Pero en este país, hablar de inmigración es como mentar la bicha. A las primeras de cambio te acusarán de racismo encubierto y xenofobia. Nadie sabe por qué extraños laberintos y vericuetos, pero el caso cierto es que se han establecido unos cuantos dogmas rígidos y herméticos, de los cuales resulta imposible disentir si no quieres salir malparado. Si te parecen incorrectas ciertas actuaciones del Estado hebreo, eres un antisemita; si criticas a una mujer, un machista; si insinúas algún reproche al PNV, antivasco e inmovilista; si pones de relieve las desmesuras de la Generalitat de Cataluña, te tildan de franquista y anticatalán, por lo menos; si te desagradan los excesos de la administración estadounidense, estás practicando un antiamericanismo primario; si apoyas un mínimo ordenamiento del fenómeno migratorio, eres un xenófobo y un racista consumado. ¡Como si la inmigración fuera una cuestión tabú que no puede ser regulada, lo mismo que lo están las múltiples actividades de la vida social, política y económica de la sociedad! Lo verdaderamente grave es cruzarse de brazos y no hacer nada.— FIDEL VELA.

DEL DICHO AL HECHO

Desde la instauración de la democracia, ningún gobierno ha mostrado una voluntad política tan intensa y decidida para dialogar con ETA que el presidido por Rodríguez Zapatero; ningún gobierno ha ofrecido tantas facilidades, tan generosas y arriesgadas contrapartidas, rozando a veces los límites de la Constitución, que el presidido por Rodríguez Zapatero. A sabiendas de hacer añicos la unidad de acción con el principal partido de la oposición, no le dolieron prendas para convertir en agua de borrajas el Pacto por las libertades y contra el terrorismo —un eficaz instrumento por el cual se arrebataba a ETA toda esperanza—, con el fin de allanar el camino hacia una posible negociación y de paso suscitar el aplauso de los nacionalistas e Izquierda Unida. Se aplicó sólo en parte la Ley de Partidos; hubo contactos con ETA tras el atentado de la T4, que en su momento se negaron; se hizo visible una clara laxitud de la Fiscalía y se elevó a interlocutor válido y privilegiado a un partido, Herri Batasuna, ilegalizado por el Tribunal Supremo e inscrito como organización terrorista en las listas de la Unión Europea y Estados Unidos. Se preparaba a la sociedad lanzando subliminales mensajes de una probable excarcelación de los presos mediante indultos escalonados. En esta dirección nacía la Ley de la Memoria Histórica —propuesta inicial de IU y al final corregida acertadamente por el PSOE—, para difuminar los crímenes del terrorismo vasco lanzando un sutil mensaje. «Si los crímenes del franquismo, siendo más numerosos, habían quedado impunes en la Transición, los cometidos por ETA deberían merecer la misma impunidad». Se internacionalizó el mal llamado conflicto vasco... Incluso, según tienen publicado los periódicos Deia y Diario de Noticias, confirmado luego por el PNV, se admitió la necesidad de modificar la Constitución para posibilitar el derecho a decidir del pueblo vasco y su posterior escisión, junto a la creación de un órgano común con Navarra. En la práctica, con otros nombres, la secular reivindicación de ETA y los nacionalistas. Acuerdo que no llegó a materializarse por las exigencias de ETA, que se negó en redondo a que fuera tratado en las Cortes Generales españolas. (Resulta pertinente advertir que estas informaciones vienen de parte, no habiendo sido confirmadas oficialmente por el otro interlocutor).
Pues bien, pese a este singular esfuerzo de generosidad sin precedentes, ni por esas, ETA sigue en sus trece, lo que viene a demostrar, por enésima vez, que el diálogo es imposible, como ya advertían las personas que de esto saben un poco. Se hace, por tanto, imperiosamente necesario derogar la Resolución de Mayo de 2005, porque mantenerla en vigor, puede interpretarse como un guiño de complicidad, como dejar la puerta entreabierta a posibles expectativas de negociación, que no haría creíble el cambio de política antiterrorista emprendida por el Gobierno tras la ruptura de la tregua, y volver al Pacto por las libertades y contra el terrorismo o algo similar. Es hora de hacerle saber al mundo de la violencia que debe perder toda esperanza, que gobierne quien gobierne, no se cambiará un ápice la política antiterrorista Ya no valen las palabras, se imponen los hechos. En el mismo sentido, si realmente no se desea la anexión de Navarra al País Vasco, como se declara enfáticamente, suprímase la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que votos no le han de faltar al Gobierno. Resulta chocante que una disposición transitoria se mantenga vigente durante treinta años. El Diccionario de la Real Academia define a la palabra «transitorio, ria» como pasajero, temporal, caduco, perecedero, fugaz.
También es acuciante que el Estado recupere las competencias en Educación, materia de trascendental importancia, entregada en su totalidad a las comunidades autónomas, y que muchas de ellas utilizan impunemente para fomentar la malquerencia entre españoles actitud que, aun sin pretenderlo expresamente, contribuye a la perpetuación de la violencia.
Empero, para llevar a feliz término las medidas antedichas, no cabe otra solución que el estrecho entendimiento de los dos grandes partidos de implantación nacional, como en otras materias fundamentales —configuración territorial del Estado, inmigración...— para detener la contaminación y el chantaje nacionalistas. Esperemos que algún día se imponga la cordura..
De todos modos, y en el mejor de los casos, estas medidas imprescindibles, como muchas otras, por desgracia abandonadas, no bastarán a corto plazo. Será necesario el transcurrir de varias legislaturas para restablecer la filosofía de firmeza que establecía el Pacto porque, quebrada la reputación, no resultará fácil volver a recuperarla.—FIDEL VELA.

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

Durante la década de los sesenta, en pleno franquismo, muchos de los turistas extranjeros que visitaban España, principalmente en busca de sol y playa, a la vuelta a sus países de origen dudaban que en nuestro país hubiera realmente una dictadura, como de manera reiterada informaban los periódicos europeos Declaraban que la gente en España era amable y simpática; el alojamiento y la comida, francamente baratos; la paz e incluso la sana alegría reinaban en las calles; no se notaba represión alguna... Sin duda, los periódicos exageraban.
Estos ingenuos turistas trasmitían la experiencia individual del visitante ocasional, una visión alicorta e incompleta. En España, como todo el mundo sabe, en aquellos años existía una férrea dictadura que no se andaba con bromas con los disidentes. Un síndrome parecido, salvando las distancias, sufren algunos que visitan por unos días Barcelona. «La gente es amable; si les hablas en castellano, en castellano te contestan; quienes escriben en los periódicos distorsionan y exageran. Es imprescindible viajar para conocer por uno mismo, la realidad del lugar visitado». Viajar sí, pero algunos lo hacen como un baúl, añado yo, a juzgar por lo que cuentan. Los gérmenes y los virus no se perciben a simple vista, sino mediante la utilización de aparatos muy sofisticados.
Naturalmente, los catalanes son gente hospitalaria y afable, como lo eran aquellos españoles de la década de los sesenta que conocieron los turistas extranjeros, pero sobre ellos gravita —invisible para visitantes y para otros que prefieren cerrar los ojos y negar lo que denuncian los periódicos— un Estatuto intervencionista, aprobado solamente por un 36 % del electorado, que somete a muchos ciudadanos a una insoportable presión en cuestiones tan principales como el idioma, la cultura, la enseñanza. Evidentemente, el conflicto no aparece en la calle, sino en las disposiciones que contiene el Estatuto, redactado por y para el beneficio de los partidos políticos nacionalistas y aledaños ante la indiferencia de los ciudadanos.
En Cataluña está prohibido rotular el nombre de los establecimientos en castellano, lengua común para todos los españoles y cooficial en aquellas regiones con otro idioma. Recuérdese como ilustrativa anécdota, el caso de aquella modesta tienda de frutos secos que fue multada con 600 euros y apercibimiento de cierre si persistía en el delito de anunciarse en castellano. Paradójicamente sí se consiente el inglés, el alemán y hasta el chino. Toda la enseñanza, desde la guardería a la Universidad, se imparte en catalán, dedicando apenas dos horas a la semana para el español, lengua materna de la mitad de los catalanes. Hasta en el recreo de los colegios está castigado el uso del castellano. Numerosos padres elevan constantes protestas, incluso huelgas de hambre, para que sus hijos puedan estudiar en lengua castellana, y solamente reciben el menosprecio, cuando no la represión de las autoridades educativas.
Un ejemplo más de marginación y ostracismo de los muchos que vienen sufriendo los intelectuales, lo constituye el hecho de que en la feria del libro de Frankfurt, donde estaba invitada Cataluña, el gobierno de la Generalitat envió solamente a escritores de lengua catalana, discriminando por haber escrito su obra en castellano a autores universales como Eduardo Mendoza, Juan y Luis Goytisolo, Félix de Azúa, Albert Boadella, Juan Marsé, etc. Estos creadores han sido objeto de insultos, descalificaciones e incluso agresiones por no doblegarse a las doctrinas del nacionalismo obligatorio. El propio Albert Boadella ha publicado un libro titulado ¡Adiós Cataluña! asqueado de la política cultural impuesta por el nacionalismo imperante, manifestando que nunca volverá a representar sus obras en Cataluña, mientras persista la asfixiante censura institucional. Arcadi Espada tiene escrito otro libro que se titula La decadencia de Cataluña, donde incide, con demoledora precisión, sobre la pérdida de libertades y derechos en esa comunidad. En clave de humor, Juan Marsé, es autor de la famosa novela El amante bilingüe, llevada al cine por Vicente Aranda, que describe magistralmente el carácter grotesco de los puristas catalanes.
La lista de títulos de autores catalanes que critican la inquietante situación política y cultural, podría seguir indefinidamente. Introduciendo los matices a que haya lugar, estos autores están padeciendo en Cataluña, sobre determinados aspectos, igual o parecida suerte que Boris Pasternak o Alexandr Soljenitsin en la antigua Unión Soviética. Decididamente, en algunos territorios de este país, todavía se mantiene la vieja tradición de maltratar a nuestros escritores y artistas.
Y luego dicen reputados comentaristas políticos que tras aprobarse el Estatuto no ha pasado nada.
Para resaltar la percepción de la realidad y la apariencia, no resisto la tentación de relatar una nueva anécdota, en esta ocasión referida al País Vasco.
En los años del plomo, cuando morían asesinadas casi cien personas al año en el País Vasco, uno de los asistentes a una tertulia contaba entusiasmado su vista a San Sebastián. «Allí se vive con absoluta normalidad; es incierto, como informan los periódicos, que la gente ande a tiros por las esquinas; la gente es amable y se divierte de lo lindo como en cualquier otro sitio. Me lo he pasado en grande, por lo que pienso volver en cuanto pueda. Y comer, como en ninguna parte del mundo. Se come, de ensueño». Otro de los tertulianos reconoció: «No me extraña que se coma bien... Matan todos los días».
FIDEL VELA.

DIFERENCIAS NOTABLES

Cuando se pone en cuestión el llamado Proceso de Paz o diálogo con ETA que inició el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, inmediatamente sale alguien diciendo que también lo intentaron Suárez, Felipe González y Aznar, en un evidente empeño por colocar estos episodios en un mismo plano, como si fueran unívocos. Quienes se expresan así, deliberadamente o no, olvidan el contexto político y legal en que los hechos se produjeron, que son diametralmente distintos y opuestos. En primer lugar, Rodríguez Zapatero se enfrenta, del que fue autor, con un compromiso firmado solemnemente junto al Partido Popular, el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo, inexistente en los anteriores contactos, documento que renunciaba a la vía dialogada para lograr el fin del terrorismo a la vista de los numerosos intentos fallidos, y que mientras estuvo en vigor generó magníficos resultados En la primera legislatura de Aznar, se encontraba vigente el Pacto de Ajuria Enea, que sí instaba al Gobierno a dialogar con ETA siempre que se dieran las condiciones para ello. Desde la toma de posesión de Suárez como Presidente del Gobierno hasta diciembre de 2000 —unos veinticinco años—, en que se firma el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, el Estado ha venido ofreciendo a ETA, previa y permanentemente una solución negociada, fórmula que siempre ha fracasado. Es por lo que PSOE y PP deciden cambiar de política antiterrorista, firmando el ya citado Pacto, que Rodríguez Zapatero convierte en papel mojado al presentar y aprobar en el Congreso de los Diputados la Resolución de Mayo de 2005 que le autorizaba a dialogar con ETA, resucitando la vieja fórmula fracasada e inoperante, como se ha demostrado una vez más. Se volvía a tropezar en la misma piedra, con las circunstancias agravantes de romper la unidad de acción contra el terrorismo y provocar la división entre los dos grandes partidos, división que procuran y persiguen con ahínco tanto ETA como los nacionalistas, a quienes, por un elemental sentido de prudencia, puesto que todos ellos, moderados o violentos, coinciden en los objetivos finales, no parece muy oportuno otorgarles la prebenda de ser juez y parte. Además, se da la curiosa paradoja, de que en el programa electoral del PSOE de 2004, se afirma la vigencia del Pacto por la libertades y contra el trerrorismo y se añade rotundamente; «Nada ha dado ni dará mejores frutos para la erradicación definitiva del terrorismo que la combinación de la acción policial decidida y constante, la eficaz cooperación internacional, la movilización de los ciudadanos y la unidad de los demócratas». Visto lo que ha venido después, resulta lógica la decepción ciudadana, porque el programa no mencionaba en ningún momento la vía dialogada.
En segunda lugar, existe una Ley de Partidos, consensuada por PP y PSOE el 4 de junio de 2002 y avalada por el Tribunal Constitucional, texto legal de extraordinaria eficacia con el que no contaron los anteriores presidentes, que permite situar fuera de la ley a los partidos políticos que apoyen o justifiquen la violencia, a cuyo amparo fue posible la ilegalización de Herri Batasuna y el desmantelamiento de su tinglado económico y mediático. En la actual legislatura a punto estuvo de ser derogada, pero en cualquier caso se aplicó de manera muy laxa. Basten las frases del Fiscal General: «La Ley de Partidos es un Guantámano electoral» y la del propio Presidente del Gobierno: «Es una ley muy restrictiva».
En tercer lugar, durante los mandatos de Suárez, González y Aznar, Herri Batasuna era una formación política plenamente legal, mientras que en la última legislatura aparecía ilegalizada por el Tribunal Supremo e inscrita en la relación de organizaciones terroristas de la Unión Europea y Estados Unidos. A pesar de ello fue elevada a la categoría de interlocutor válido y privilegiado a lo largo del frustrado proceso negociador. No es lo mismo negociar políticamente con un partido proscrito, que en términos jurídicos no existe, que con otro plenamente legal, aunque su actuación nos desagrade.
Como podrá observarse por los tres ejemplos comentados y otros que podrían acumularse, las diferencias entre los diversos episodios de diálogo son más que evidentes.—FIDEL VELA.