SESGADA AUTODETERMINACIÓN

Ciertamente, en un documento fechado el 14 de diciembre de 1960, Naciones Unidades instaura el derecho de autodeterminación al objeto de impulsar la emancipación de numerosos países de África y Asia, sometidos o tutelados por las potencias europeas. En el espíritu y en la letra de esta resolución queda meridianamente claro que la aplicación de tal derecho se refiere en exclusiva a situaciones de colonialismo o de ocupación militar, circunstancias por desgracia muy frecuentes en aquella época y que se arrastran todavía como los casos irresueltos de Palestina y el Sahara Occidental. Tanto es así, que previendo el legislador posibles interpretaciones torcidas o interesadas, establece con rotundidad en el mismo documento citado el siguiente párrafo: «Todo intento dirigido a la ruptura total o parcial de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas». Quienes se cargan de razón e invocan con tanto fervor el derecho de autodeterminación, como Izquierda Unida o los nacionalistas vascos, deberían leerse con mayor detenimiento la resolución de Naciones Unidas que se comenta, donde comprobarán que el derecho internacional no les ampara en absoluto en el contexto político del Estado Español. Es más, sus aspiraciones deben considerarse no sólo un error político, sino como un flagrante delito contra la Carta de Naciones Unidas.
Pero es que además, ni la Unión Europea, de la cual formamos parte, ni las constituciones nacionales de los países que la integran, contemplan el derecho de autodeterminación. Es por ello un dislate mayúsculo, impropio de políticos a quienes se les supone algún discernimiento, afirmar tan alegremente que la Constitución española tiene un «déficit democrático».
Por otra parte, se da la curiosa paradoja de que mientras el PNV e Izquierda Unida reclaman con machacona insistencia el derecho de autodeterminación al Estado español, no hemos oído jamás a nadie de estas formaciones políticas hallarse dispuesto a conceder el citado derecho a las provincias, comarcas o ciudades vascongadas respecto al País Vasco. Más bien al contrario, exigen la anexión de Navarra y otros territorios franceses.—FIDEL VELA. fidelvela.blogspot.com

En ABC el 7/1/2008

LA FE DEL CONVERSO

Finalizada la legislatura, a modo de aviso para navegantes, es muy conveniente resaltar los episodios más significativos sucedidos a lo largo de los últimos cuatro años. En esta línea se emboca el presente trabajo y otros que vendrán
Tras el fracaso del mal llamado Proceso de Paz, se producen algunas reacciones del Gobierno, a mi entender, no del todo afortunadas ni creíbles. Su presidente sale a la palestra, aparentemente muy enfadado, se diría que muy indignado, diciendo en un tono altisonante y campanudo: «¡Seré implacable con los violentos»! A renglón seguido se deja ver la vicepresidenta declarando: «Al gobierno no le temblará la mano a la hora de aplicar la ley contra los violentos». Semanas después, todos los avisos, recomendaciones y anuncios institucionales que aparecen en los medios de difusión, ante la sorpresa general, son rubricados con la sonora expresión: «¡Gobierno de España!», cosa que no se había contemplado en los tres años anteriores. Este giro de ciento ochenta grados se inscribe, sin duda, en el burdo afán por establecer un contrapunto a los desvaríos protonacionalistas de algunas reformas estatutarias llevadas a cabo por el Gobierno.
Los citados episodios tienen el inconfundible tufillo del converso fingido, que exagera y se excede en sus manifestaciones de adhesión a su nueva fe, en el intento de mostrarse al exterior como el campeón en la defensa de los principios recientemente adquiridos para que nadie albergue la más mínima duda de su inquebrantable firmeza y lealtad.
Se excede el señor presidente al afirmar que «será implacable», como si antes no lo hubiera sido. Pero es que además, los poderes del Estado no deben ser implacables, sino justos, y la justicia es aplicada por los jueces con transparencia y serenidad.
Se excede la señora vicepresidenta cuando declara que al Gobierno «no le temblará la mano», porque esa expresión tiene reminiscencias de una época felizmente superada. El Gobierno está obligado a cumplir la ley con todo rigor y, ni en este ni en ningún otro caso, debe temblarle la mano si sus decisiones se corresponden con la legalidad vigente.
Cuando alguien siente la necesidad de apelar insistentemente al cumplimiento de lo obvio y, además, de manera tan enfática y reiterativa, manifiesta una percepción de incredulidad en su audiencia, percepción motivada acaso por hechos o comportamientos anteriores de dudosa ortodoxia.
Espero que nadie, por muy ingenuo que sea, llegue a confundir la retórica con la realidad.
FIDEL VELA.— fidelvela.blogstop.com

Difundido en prensa el 8/1/2008