VENGANZA CATALANA

En las posesiones del Mediterráneo (Sicilia, Nápoles...) durante el siglo XV de la Corona de Aragón, de cuyo reino formaba parte Cataluña, era de común conocimiento el dicho vendetta catalana para referirse a venganzas de especial crueldad. A juzgar por la política que sigue el gobierno catalán en la actualidad, se diría que vuelve de nuevo el espíritu de aquel viejo dicho, pero esta vez basado en falsos agravios que se inventaron los nacionalistas, fuera de toda realidad y fundamento.
Impedir a la mayoría de los habitantes de un territorio utilizar el idioma que prefiera o imponerles a la fuerza otra lengua, constituye universalmente un monstruoso atentado contra los derechos humanos más elementales. Prohibir el español e imponer el catalán, esto es lo que viene sucediendo en Cataluña y, actualmente, de forma más coercitiva y brutal. Escudándose en una supuesta normalización del catalán, que ya lleva treinta años funcionando, lo que en realidad se pretende es la desaparición de la otra lengua oficial.
Recientemente hemos conocido un hecho, apenas recogido en los medios, que ilustra con meridiana claridad lo antedicho. Una modesta tienda de frutos secos de Barcelona ha sido multada con 600 euros y apercibimiento de nuevas sanciones, hasta la retirada de la licencia si persiste, por el grave delito de anunciar sus mercancías en español dentro del local. El rótulo exterior ya lo había cambiado. Pero se da la curiosa paradoja de que al lado de la tienda de frutos secos y en distintas partes de la ciudad existen otros establecimientos comerciales rotulados en inglés, alemán, incluso en chino, que no han sido conminados por los celosos inspectores de la Generalitat a retirar sus carteles. Está muy claro. Parece más fuerte la voluntad política de exterminar el español que la propia difusión del catalán.
Si cualquier persona de habla española decide abrir una tienda en Londres, París o Berlín, no encuentra ninguna dificultad para rotular su establecimiento en castellano. Sin embargo, en su propio país —Cataluña teóricamente lo es todavía—, si lo intenta, puede costarle el cierre de su negocio. ¿Qué hacen los partidos políticos, las instituciones, los jueces y fiscales para evitar este atropello? No sólo se incumplen los derechos humanos, sino la propia Constitución. Libertad para hablar el idioma que se desee, toda; imposición, ninguna. España no tiene, afortunadamente, ningún enemigo en el extranjero. Los enemigos, parece ser, están dentro de sus fronteras.
Ni en el franquismo totalitario se cometían estos abusos. Acabo de leer dos libros de investigación histórica, perfectamente documentados, escritos por el profesor Juan Ramón Lodares, que se titulan Lengua y Patria y El paraíso políglota, editados por taurus, donde se desmitifica el victimismo lingüístico, es decir, las mentiras o medias verdades que nos vienen contando los nacionalistas. Resulta que el todopoderoso Serrano Suñer, envió una circular a las parroquias de Cataluña, el 28 de octubre de 1939, en la que se recomendaba el uso del catalán en las iglesias donde el castellano no fuera fácilmente entendible. Recomendaciones similares se remitieron a Juzgados, Registros de la Propiedad y otros estamentos públicos. Sorprendentes curiosidades de las muchas que aparecen en las citadas obras podrían ser: Monseñor Escribá de Balaguer, fundador del Opus Dei, tradujo al catalán en 1955 su libro Camino, que es el principal ideario espiritual de la Congregación. Una biografía de Balmes, filósofo catalán, que escribió toda su obra en castellano, fue traducida nada menos que en 1942. Y se vendían libremente, como infinidad de publicaciones del mismo estilo. En otro orden de cosas, se dice que los barceloneses tributaron un recibimiento entusiasta a las tropas de Franco. Leyendo estos dos libros, que recomiendo vivamente, se deduce que la prioridad del franquismo no era el exterminio de las lenguas españolas, sino el aniquilamiento físico de los rojos —la mayor parte ni sabía catalán—, y la destrucción de la República que, por desgracia, consiguió. El franquismo era profundamente tradicionalista; por eso tenía más afinidad ideológica con los nacionalismos que, por supuesto, con la democracia. Si tan mal lo pasó Cataluña durante la dictadura —donde nada se movía sin la autorización de Franco—no tiene explicación lógica que Barcelona, junto con Vizcaya y Guipúzcoa, encabezaran, tras la muerte del dictador, el ranking de las provincias más prósperas en todos los indicadores económicos.
En el ámbito cultural, sucede otro tanto. Escritores y artistas tan importantes como Albert Boadella, Félix de Azúa, Arcadi Espada, Juan Marsé y otros muchos, están siendo ninguneados, insultados y agredidos por el simple hecho de expresarse en castellano.
La educación resulta igualmente injusta y represora. La lengua vehicular, o sea, la enseñanza de todas las asignaturas, es el catalán de forma exclusiva, desde la guardería hasta la Universidad. La enseñanza del castellano dispone de tres horas a la semana, que mayoritariamente no se cumplen, igual que cualquier otra lengua extranjera. Las nuevas generaciones de estudiantes tienen serias dificultades para expresarse en castellano.
No es por tanto ninguna exageración afirmar que el gobierno de Cataluña ejerce una auténtica dictadura sobre sus ciudadanos, al menos, en materias tan sensibles como la lingüística, la cultural y la educativa. Podría decirse que estamos ante un revanchismo sin causa, porque ni aun en el franquismo, la etapa más negra de la historia de España, hubo una voluntad política de eliminación del catalán, más bien al contrario. Muchos gerifaltes de la época hablaban catalán y, haciéndolo así, sabían que suscitaban simpatías en las gentes a favor del régimen. El español no ha sido impuesto por la fuerza en ninguna parte donde se habla. Ha sido aceptado espontáneamente por las gentes en razón de su utilidad o conveniencia. Ni siquiera fue oficial hasta 1931, y esto porque catalanes, gallegos y vascos hicieron oficiales sus lenguas particulares.
Y todo lo anterior, no puede inducirnos a olvidar el malhadado Estatuto aprobado en 2006, un contrato draconiano, leonino, inspirado en la usura y la avaricia, que destruye puentes y levanta muros, disgregador e intervencionista, presentado con malévola intención, aprovechando la debilidad del gobierno central, que estaba y está a merced de nacionalistas y criptonacionalistas, de un gobierno central que disfraza la necesidad de supervivencia con ideología falsificada.—FIDEL VELA.

Difundido el 10/1/2007