Otro desaguisado más viene a sumarse a la extensa lista de despropósitos en materia lingüística y territorial. Resulta que todos nuestros esfuerzos durante la presente legislatura se han volcado exclusivamente a imponer en las instituciones de la Unión Europea las lenguas vernáculas de Cataluña, Galicia y País Vasco, olvidando por completo la promoción del español, ya bastante amenazado. Ahora la Comisión europea del ramo, se propone reducir el número de traductores del español, aduciendo que solamente treinta millones de personas usan el castellano como lengua materna, por más que el último censo estime que somos cuarenta y cuatro millones. ¿Cómo se llega a esta conclusión en Bruselas? Muy sencillo. Porque se descuenta del censo total de España la población de Cataluña, Galicia y El País vasco, operación que nosotros mismos hemos propiciado. No echemos la culpa, por tanto, a la ignorancia de la comisión, que actúa con toda lógica. La culpa es de nuestro gobierno.
Por defender a capa y espada los caprichos de unos cuantos nacionalistas, el castellano en Europa se relega a una posición muy alejada de los grandes idiomas. Este grave error del gobierno comporta una pérdida de influencia en las instituciones europeas, que perjudicará los intereses de España, incluidas las comunidades autónomas citadas.
«Es un gran logro político con bajo coste económico, tras un proceso duro y laborioso», ha declarado el ministro de Asuntos exteriores. «Un gran logro político» que nos costará a los españoles la friolera de doscientos cincuenta millones anuales de las antiguas pesetas, destinados al pago de traductores. A la par que introduce nuevas dificultades para entenderse en las instituciones europeas, en el momento que se estudia una racionalización de los idiomas para evitar la babel comunitaria. ¿Alguien se imagina el caos lingüístico que se puede originar si el resto de las regiones europeas pretenden imitar el caso español?— FIDEL VELA.
Difundido el 8/12/05
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