GOLPES BAJOS

El actual presidente del Gobierno tomó posesión de su cargo con la decidida voluntad política de romper en todos los frentes, quizá para demostrar a sus propios correligionarios y a otras gentes más a su izquierda que aquellos apodos que le habían puesto ellos mismos —bambi de peluche y sosoman— carecían de cualquier fundamento. Se metió en demasiados jardines y quiso resolverlo todo, precipitadamente, de una sola vez. Algunas cuestiones de índole social le salieron medianamente bien, pero aquellas referentes a temas importantes como el modelo de estado, los nacionalismos, la lucha contra el terrorismo vasco y el sistema educativo, entregado en su totalidad a las comunidades autónomas, ha fracasado de una manera estrepitosa. Una de las actuaciones políticas más infame, con el objeto de conseguir y mantenerse en el poder, ha consistido en halagar, estimular y en parte adoptar las más bajas pasiones de los nacionalismos, generando expectativas ilimitadas en las mal llamadas comunidades históricas y también en las otras, para entrar a saco sobre la malherida nación española. Un ejemplo paradigmático de ello, lo constituye el nunca bastante maldecido Estatuto de Cataluña, un gran monumento a la usura y la rapiña, que sólo favorece a los políticos y que ejerce sobre la ciudadanía catalana una intolerable violencia institucional, principalmente en lo tocante al idioma, la educación, la cultura y los medios de difusión públicos. El propio Presidente nos aseguró que era necesaria la reforma urgente de los estatutos de las Comunidades Autónomas para que todos nos sintiéramos cómodos dentro de la Constitución. «El Estatuto catalán puede ser para siempre», declaró el Presidente del Gobierno en una entrevista televisiva a finales de enero de 2006. Pues bien. Unos pocos meses después de aprobarse, a los nacionalistas se les ha quedado pequeño el Estatuto «para siempre», no se sienten «cómodos» y amenazan con un referendo para la soberanía e independencia de Cataluña si el Tribunal Constitucional toca una sola coma. Curiosa manera de entender el Estado de derecho de aquellos que, al presentar el texto del Estatuto en el Congreso de los diputados, ante el aluvión de críticas, trataban de tranquilizarnos diciendo que, en todo caso, siempre quedaba la decisión última del Tribunal Constitucional, al que ahora someten a una campaña de desprestigio y le niegan toda legitimidad. Mientras tanto reclaman para sí el aeropuerto del Prat, las cercanías de Renfe, el castillo de Montjuic y han conseguido el trasvase a Lérida desde el río Segre, afluente del Ebro, un caudal semejante al negado a Valencia y Murcia. Y es que la voracidad de los nacionalistas no tiene límites. Cuanto más comen más quieren; no agradecen los beneficios obtenidos ni pagan, como Roma, los servicios prestados. El Presidente se ha engañado a sí mismo y nos ha engañado a todos los españoles. El nacionalismo es una ideología perversa que debe combatirse; jamás estimularlo. Al nacionalismo criminal se le combate con la policía y los jueces, aplicando todos los mecanismos del Estado de derecho, pero esto no quita para refrenar también al que se autodefine moderado, eso sí, esta vez con la dialéctica, la cultura, el ejemplo democrático y la crítica porque, aun sin desearlo, es el sustento de aquél.
Lo grave de estos desvaríos es que no tienen marcha atrás, son irreversibles y producen daños colaterales irreparables en el sistema democrático.
Un rey todopoderoso, por motivos que no vienen al caso, propuso a uno de sus súbditos que le pidiera un deseo y le sería inmediatamente concedido, bajo la condición de que su mayor enemigo recibiría el doble de lo solicitado. El súbdito reflexionó unos momentos y expuso al rey: «Majestad, deseo que me saquen un ojo».
El Presidente del Gobierno ha preferido desprenderse, en favor de los nacionalismos, de la mitad de las competencias que la Constitución atribuye al Estado, con tal de impedir cualquier expectativa de gobierno al partido de la oposición, forzando a éste a aceptar todos los despropósitos si un día se propone ganar las elecciones. Ha preferido dejar tuerto al Estado con tal de cegar a la oposición la alternancia democrática.
Otro daño colateral de difícil solución consiste en haber forzado las costuras de la ley hasta términos insoportables para complacer al nacionalismo, comportamiento que ha llevado a descargar sobre el sistema judicial la solución de conflictos derivados de una actuación política aventurera e irresponsable. El sistema judicial, último reducto del Estado de derecho, puede resultar seriamente dañado, como también han quedado tocadas otras instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la de la Energía.
En conclusión, se está fragmentando el país por intereses exclusivamente partidistas. Si de verdad se quieren evitar males mayores, el Partido socialista, tradicionalmente poco amigo de nacionalismos excluyentes, debe reaccionar de inmediato colocando a su frente a otras personas (por ejemplo, José Bono) capaces de enmendar el rumbo y de llegar a los consensos básicos —lucha antiterrorista, modelo de Estado, inmigración— con el principal partido de la oposición, quien también necesita remover sus plantillas dirigentes. Los actuales dirigentes, tanto del PP como del PSOE, enquistados en un duro enfrentamiento personal y político, han demostrado su incapacidad para concretar los acuerdos que los ciudadanos demandan.—FIDEL VELA.

Difundido el 30/4/2007