Los ciudadanos catalanes, que son gente emprendedora, laboriosa y honrada, no se merecen los gobiernos de la Generalitat que han padecido y padecen. Si exceptuamos el corto periodo de Tarradellas, los gobiernos de la Generalitat han demostrado ser unos chapuceros, despilfarradores y corruptos. Se les hunden los túneles, los puentes, los edificios; se les escapan los presos; aparecen comisiones ilegales, cobradas durante veinte años, que nunca se han querido investigar y extraños sondeos pagados con fondos públicos escondidos nadie sabe dónde... Pujol, que ha gobernado el territorio como una finca particular, como un señorío feudal, se libró de una condena segura en el caso Banca Catalana, gracias al grito de «¡A mí la legión!» que congregó en la Plaza de San Jaime a más de trescientos mil nacionalistas bajo el lema: «Atacan a Cataluña», confundiendo una vez más la parte con el todo, es decir, lo que se llama escudarse tras el nombre de la Patria para eludir las responsabilidades individuales. La Generalitat mantiene abiertos en veintiocho países centros de enseñanza del catalán, a los que nadie acude, y cerca de cincuenta oficinas de representación en países extranjeros, solapando las embajadas y consulados de España, que vienen a duplicar los gastos del Estado. Los medios públicos de difusión son cuatro veces superiores a los de cualesquiera otra comunidad autónoma, si exceptuamos al País Vasco. La mitad de los presupuestos se dedican a subvenciones para fomentar el nacionalismo en todas sus formas o a extravagantes proyectos clientelares. Valga como anécdota ilustrativa la donación a fondo perdido de 12.000 euros para el estudio de la codorniz japonesa. Mientras esto sucede, la Seguridad Social y otros servicios públicos arrastran déficit multimillonarios. Sólo les gusta llevar a cabo fastuosos proyectos y obras ostentosas que les proporcionen fama y nombradía con que emular las hazañas de los héroes locales. No hace tanto se sacaron de la chistera un fabuloso circo al que llamaron Fòrum de las culturas, que resultó un verdadero desastre económico y de público, más de 700 millones de euros en pérdidas. El alcalde Barcelona y cinco consejeros de la Generalitat, entre otros, han sido condenados por un tribunal de Illinois (Estados Unidos) a pagar 4.300.000 euros a los promotores de un espectáculo, cuyo contrato dejaron de cumplir. La sentencia, que es firme, se ha dictado en rebeldía, ya que ninguno de los imputados acudió a juicio. A causa de ello se les ha multado con 2.482 euros diarios por desacato desde junio de 2005, fecha en que se les requirió y no comparecieron. Esta circunstancia coloca en situación comprometida a los dirigentes del Fòrum, que podrán ser detenidos si viajan a Estados Unidos. Como se ve, la mala fama de la Generalitat trasciende las fronteras. Los partidos políticos que la sustenta no le andan a la zaga: desde el reciente chantaje de Ezquerra Republica a sus funcionarios hasta los trapicheos del PSC en su relación financiera con la CAIXA.
Ahora bien, la Generalitat sabe por experiencia que todos estos despilfarros serán cubiertos por el Estado. Basta con esgrimir el hecho diferencial, los derechos históricos, el victimismo y, si preciso fuere, el espantajo separatista para que el gobierno central de turno se rasque la faltriquera.
El Estatuto en trámite de aprobación (de trayectoria esperpéntica) no está diseñado a procurar el bienestar de los ciudadanos, sino como instrumento necesario para la acumulación de poder político y financiero en la Generalitat, que le permitirá hacer y deshacer a su antojo, gastar a manos llenas en proyectos faraónicos e inútiles, aumentar los ya astronómicos sueldos de los señores feudales y extender las ideas nacionalistas sin beneficio alguno para el hombre de la calle. Al contrario, los ciudadanos observarán muy pronto cómo se les aprietan las tuercas.
Todo este mal rollo, quieras que no, es percibido en el resto de España, percepción que lamentablemente no beneficia a Cataluña en su conjunto, por lo que es fácil deducir que sus mayores enemigos están dentro de la propia Comunidad autónoma: los nacionalistas y la Generalitat.—FIDEL VELA.
Difundido el 5/4/2006
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